• Suprimida la posibilidad de utilizar declaraciones simplificadas para la expediciones de mercancía comunitaria desde Canarias al resto de la Unión

Para adecuarse al nuevo marco jurídico establecido por el Código Aduanero de la Unión, la última modificación de la Resolución DUA, aplicable desde el 18 de septiembre de 2017, suprime la posibilidad de utilizar declaraciones simplificadas en documento comercial para la expedición desde Canarias de mercancía comunitaria al resto de la Unión, quedando el  ámbito de aplicación de esta simplificación  limitado exclusivamente a las importaciones y exportaciones de Ceuta y Melilla.

En este contexto, la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Canarias publicó el pasado 11 de abril una Nota informativa sobre la revocación de las declaraciones simplificadas de exportación con documento comercial  (DSE) y el procedimiento a seguir para expediciones de mercancía comunitaria al resto de la Unión.

Se considera que con la presentación de las mercancías y declaraciones aduaneras a través de LAMEs (locales autorizados para mercancías de exportación), los operadores podrán seguir beneficiándose de procedimientos ágiles de despacho acordes con el nuevo marco normativo.

Los interesados deberán presentar su solicitud para ser LAME antes del 1 de mayo de 2018, según el modelo disponible en Sede electrónica de la AEAT:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DC37.shtml

Los requisitos para la concesión de la autorización son los siguientes:

  • Estar establecido en el territorio aduanero de la Unión
  • Disponer de instalaciones donde las autoridades aduaneras puedan ejercer la vigilancia aduanera de manera razonable
  • Llevar un registro de existencias adecuado
  • Ofrecer seguridad respecto a la buena ejecución de las operaciones (se considera que los OEA de simplificaciones aduaneras cumplen con este requisito)

Una vez obtenida la autorización de LAME o finalizado el plazo para la solicitud sin haberla presentado, se procederá a revocar las autorizaciones de DSE concedidas por la Administración Tributaria Canaria al amparo de la anterior normativa.

Los operadores que no opten por el despacho de mercancías en ubicación aduanera LAME propia, deberán presentar las declaraciones aduaneras de expedición una vez las mercancías se encuentren en otras ubicaciones aduaneras autorizadas para presentar mercancías, ya sea en la Aduana o en otros lugares habilitados en puertos o aeropuertos.

• La rebaja de tasas provocará un bajón en la facturación de los puertos españoles

Al menos 3% bajará la facturación de los puertos españoles este 2018, a raíz de las nuevas medidas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que busca mayor competitividad mediante la reducción de los costes de paso de las mercancías.

El dato lo dio el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, durante una entrevista en la que detalló que

se contempla una reducción del 10% de la cuantía básica de la tasa de la mercancía, con un impacto estimado de 28 millones de euros.

Mientras tanto, no variarán otras tasas ni los valores de los terrenos y las aguas de los puertos, las cuotas íntegras de la tasa de ocupación, los tipos de gravamen de la tasa de actividad y las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación y de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques.

El presidente de Puertos del Estado recordó la importancia de la inversión privada, cuya aportación se prevé en 1.143 millones de euros en el conjunto de los puertos en 2018.

• El IoT y la digitalización en la logística

Entre los avances que ha de asumir cualquier empresa logística en la actualidad, destaca principalmente el Internet de las Cosas, que permite identificar los puntos de ineficiencia y mejorar los procesos.

El Salón Internacional de la Logística y la Manutención, SIL, acogerá en su edición de 2018 una jornada sobre ‘IoT y digitalización en la logística‘, que incluirá una mesa redonda para analizar todo lo relacionado con los procesos de cambio que están viviendo en los últimos años las empresas del sector.

La digitalización se está convirtiendo en un aspecto clave para su desarrollo, y llega incluso a marcar grandes diferentes entre unas y otras a medida que avanzan las nuevas tecnologías, capaces de transformar por completo la cadena de suministro.

Sin embargo, son muchas las compañías que aún se resisten a afrontar los cambios que supone la Logística 4.0, o que se han anclado en las etapas iniciales de este proceso. Entre los avances que ha de asumir cualquier empresa logística, destaca principalmente el Internet de las Cosas, IoT.

Entre las principales ventajas de estas tecnologías, destaca el aumento de la visibilidad de la cadena de suministro, la mejora de los procesos de entrega, la potenciación de la seguridad, y la identificación de los puntos de ineficiencia.

• El Tribunal de la UE pone una multa de tres millones a España por el retraso en la reforma de la estiba

La sanción por el retraso en la reforma de la estiba es el cuarto conflicto entre Bruselas y Madrid por incumplimiento de sentencias que desemboca en una multa del Tribunal de Justicia europeo.

Los jueces han rebajado sustancialmente la sanción propuesta por la Comisión Europea

España se exponía a una multa de 24 millones por incumplimiento de la sentencia de 2014

El Tribunal de Justicia europeo ha impuesto hoy a España una multa de tres millones de euros por el retraso en la reforma de la estiba. La sentencia llega tras un largo conflicto que desembocó el pasado 24 de febrero en la aprobación de un proyecto de Real Decreto que puso fin al monopolio de facto que disfrutaban las llamadas Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP).

La Comisión Europea se dio por satisfecha con ese cambio, pero mantuvo la denuncia presentada contra España y la solicitud de una multa a tanto alzado de 27.522 euros por cada día de retraso en acometer la reforma. El punto de referencia para el retraso era una sentencia anterior de 11 de diciembre de 2014, lo que exponía a España a una sanción de hasta 24 millones de euros.

Los jueces consideran que el incumplimiento de la sentencia se ha prolongado durante 29 meses, por lo que califican de “grave” el retraso. Aun así, señalan que “España ha demostrado buena fe, cooperando estrechamente con la Comisión durante el procedimiento administrativo”. La sanción se queda finalmente en tres mllones de euros, muy lejos de las multas anteriores encajadas por España por incumplimiento de sentencias (vacaciones fiscales vascas y Magefesa).

El conflicto entre Bruselas y Madrid se inició en 2011, cuando la Comisión Europea consideró que la Ley de Puertos del Estado violaba el artículo 49 del Tratado de la UE sobre libre prestación de servicios.

La norma española permitía la libre competencia en los servicios portuarios, pero exigía la obtención de una licencia y obligaba a las empresas estibadoras a inscribirse y participar en el capital de alguna SAGEP y a contratar de manera prioritaria a los trabajadores de esa sociedad.

La Comisión Europea estimó que esas condiciones restringían la posibilidad de entrada de estibadoras extranjeras en los puertos españoles porque se les obligaba a modificar sus plantillas, sus estructuras de empleo y sus políticas de contratación, incluido el salario que ya venía fijado por la SAGEP.

España defendió la normativa en base a que la estiba constituye un servicio público de interés general en el que debe garantizarse regularidad, continuidad y calidad. España también argumentó que las restricciones previstas en la ley eran necesarias para garantizar la protección de los trabajadores.

El Tribunal de justicia, en su sentencia de 2014, aceptó que la protección de los trabajadores constituye “una razón imperiosa de interés general”. Pero consideró excesivas las restricciones impuestas por España y concluyó que la Ley española violaba el artículo 49 del Tratado.

La Comisión y el propio Tribunal apuntaron a España la vía de salida del conflicto, sugiriendo la posibilidad de que la Ley permitiese a las estibadoras gestionar las oficinas de empleo encargadas de suministrarles mano de obra y la formación de esos trabajadores. O mediane la creación de una reserva de trabajadores gestionada por agencias de empleo temporal.

Pero la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, hizo caso omiso en un año electoral como 2015. España podría haberse librado de la sanción si hubiera aprobado la reforma antes de septiembre de ese año, según la sentencia. Pero la reforma no llegó hasta 2017.

El Real Decreto impulsado por el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acabó con la obligación que tenían las estibadoras de participar en la SAGEP y de contratar a sus trabajadores. La norma permite también la creación de agencias de empleo temporal especializadas denominadas Centros Portuarios de Empleo. El Gobierno ha fijado un período transitorio de tres años para que los puertos se adapten a la nueva normativa, plazo aceptado por Bruselas.